Adriana Benjumea, abogada colombiana: “Sobre la violencia sexual siempre hay sospecha: por qué la violaron, dónde estaba, si será verdad, o no”

“Yo creo que si nosotras no hubiésemos sido tan tozudas e insistentes en que la violencia sexual no podía ser objeto de amnistía ni de indulto y que tenía que juzgarse, no lo hubieran incluido en el Acuerdo de Paz”, afirma rotundamente Adriana Benjumea (Medellín, Colombia), abogada colombiana y directora de la Corporación Humanas. La organización que dirige fue una de las integrantes de la Alianza 5 Claves, la plataforma de organizaciones feministas que estuvieron presentes en los acuerdos de paz de La Habana de 2016 entre las FARC y el Gobierno colombiano. “Todos querían que se hablara de secuestro, porque los que secuestran son las FARC. Todos querían que se hablara de ejecuciones extrajudiciales, porque eso lo hace el Estado. Pero nadie dijo: hablemos de violencia sexual, porque todos violan. Ahí sí se quedaron callados”, recuerda la abogada durante una entrevista con EL PAÍS en Valencia a finales de abril.

Benjumea estuvo en España para participar en el foro ‘Justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en conflictos armados. Colombia, Guatemala, Ex Yugoslavia’, organizado por la asociación Atelier ONGD. La abogada cuenta que fueron también las organizaciones de mujeres y las víctimas las que alzaron la voz para exigir que la violencia sexual y basada en género se juzgara dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional creado en el acuerdo de paz. Este caso, conocido como Macrocaso 11, ha sido el último en abrirse.

“Es muy importante aclarar que la lucha de las víctimas de violencia sexual en Colombia ha sido antes de la JEP. Lo que ha permitido hoy la Jurisdicción es que ellas tengan nuevamente esperanza de justicia”, añade. “¿Cuál es el obstáculo que vemos hoy? No ha habido hasta el momento en la JEP reconocimiento de las violencias sexuales por parte de perpetradores. Hemos escuchado a militares reconociendo que mataron a jóvenes haciéndolos pasar por guerrilleros. A exguerrilleros diciendo que hubo reclutamiento de menores, pero no hemos escuchado a ninguna de las dos partes reconociendo que hubo violencia sexual. Y es ahí donde está el reto de la jurisdicción. No ha habido un reconocimiento porque la JEP no tiene aún decisiones en firme sobre violencia sexual", explica la abogada.

Pregunta. Otro de los retos de este Macrocaso 11 son las medidas restaurativas.

Respuesta. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no es un modelo punitivista. Establece un reconocimiento, pero, además, una reparación. Sin embargo, en los temas de violencia sexual todavía no está claro qué sería una obra o un trabajo reparador para las víctimas. Ese es un debate pendiente que no es tan fácil. El modelo puede ser interesante, pero para que las víctimas pasen página no tiene que ser impuesto. No solamente preguntar a los comparecientes cómo van a reparar, sino también a ellas cómo se sienten reparadas.

P. ¿Qué piden las víctimas?

R. Quieren, por lo menos, verles la cara y que lo reconozcan. Ellas dicen, ‘yo ni siquiera quiero que me pida perdón, porque no sé si le voy a perdonar o no’. Muchas reconocen, ‘yo no me puedo todavía sentar frente a él, pero necesito verlo, aunque sea de lejos, y que reconozca que sí lo hizo’. Eso es el primer acto reparador y eso no ha pasado en Colombia con las víctimas de violencia sexual ante la JEP. Y luego otros pasos más, que son los que aún están pendientes. ¿Cómo pensamos en proyectos productivos, acciones que involucren a los comparecientes y que beneficien a las víctimas y a sus familias como contenido reparador?

Si usted tiene 50 casos en Colombia de violencia sexual por parte de la guerrilla, podría decir que eso es muy poco. Pero lo que le demuestran esos 50 casos que lograron llegar hasta aquí es que la práctica existió

P. ¿Cómo de fácil es que estas mujeres víctimas de violencia sexual decidan presentar su caso, teniendo en cuenta que ahora en Colombia aún tienen activos conflictos con disidencias, con grupos paramilitares?

R. Ha sido muy difícil. En la zona de Tumaco, del Pacífico nariñense, muchas mujeres que han asistido a las diligencias han recibido posteriormente amenazas, y eso que no se encuentran directamente con ellos, sino que están en las llamadas salas espejo. Hay mujeres amenazadas y otras a las que les ha tocado ver en esa sala cómo el compareciente no está reconociendo los crímenes. Y tener que verme a mí defendiendo su testimonio y a ellos diciendo que son unas mentirosas. Eso también desincentiva los procesos de justicia. Una cosa es que yo diga: desaparecieron a mi hijo, mataron a mi marido. Eso a la sociedad la conmueve. Sobre la violencia sexual siempre hay sospecha: por qué la violaron, dónde estaba, si será verdad, o no. Es un crimen sobre el que se duda. No es un escenario fácil y sencillo para que las víctimas participen en esos procesos. La JEP lo sabe, los comparecientes lo saben, los abogados de los comparecientes lo saben, lo sabemos las organizaciones y aun así se sigue luchando.

P. En septiembre, en El Espectador, los magistrados de la JEP decían que la participación de mujeres víctimas de estas violencias había sido menor de la que esperaban. ¿A qué puede deberse?

R. Yo creo que no es cierto. Yo creo que el GRAI, que es el grupo de trabajo de la JEP, recogió un número muy importante de casos. Inicialmente, tenía más de 1.500 para poder empezar a trabajar. Hoy hablar de casos individuales es muy complicado. Por ejemplo, si usted tiene 50 casos en Colombia de violencia sexual por parte de la guerrilla, podría decir que eso es muy poco. Pero lo que le demuestran esos 50 casos que lograron llegar hasta aquí es que la práctica existió. Puede tener 50 porque hay subregistro, mujeres asesinadas, porque usted lo que ve es una muestra. Si no le sirven 50 casos para abrir la investigación y generar una hipótesis y una condena ejemplar, estamos diciendo que 50 violadores no les sirven. Que 50 niñas y mujeres violadas en todo el país es muy poco. Y un solo caso ya puede ser lesa humanidad. Los números son muy tramposos y lo son fundamentalmente cuando se habla de crímenes sexuales.

P. ¿Cómo se garantiza que en estos procesos judiciales no se revictimice a estas mujeres?

R. Siempre se decía: es que las mujeres no quieren hablar de eso. En mi experiencia de más de 20 años trabajando con víctimas de violencia sexual, lo que yo te puedo decir es que sí quieren hablar. Lo que nunca han encontrado son oídos amables, que entiendan, escuchen y crean. En Colombia, la JEP ha sido mucho más asertiva. Ha escuchado a víctimas y nunca las ha puesto en entredicho. Ha abierto espacios para escucharlas a ellas, a las organizaciones, han leído los informes que les hemos enviado. Ahí yo creo que lo ha hecho muy bien. Hoy el problema ha sido más del no reconocimiento [por parte de los comparecientes], que es un golpe muy duro para las víctimas.

En mi experiencia de más de 20 años trabajando con víctimas de violencia sexual, lo que yo te puedo decir es que sí quieren hablar. Lo que nunca han encontrado son oídos amables

P. ¿Cómo se recaban esos testimonios que están mediados por el tiempo, la vergüenza o por la dificultad de acceder a esos territorios?

R. Las abogadas aprendimos en este proceso que los acompañamientos tienen que ser psicojurídicos. No puedes empezar un proceso de justicia transicional solamente con abogadas. Cuando acompañas a las víctimas en sus comunidades y haces un trabajo de recuperación con ellas, muchas dicen: ‘yo también quiero justicia’. Pero, al principio, lo único que quieren es casi que les escuchen en secreto de confesión. Se lo cuentan a su abogada o a la psicóloga en un proceso que es más de ‘dónde pongo esto para seguir viviendo’. Por eso son procesos largos. Es un trabajo interdisciplinario de compañía, que se hace con la psicóloga, con la abogada, con la trabajadora social, con las antropólogas. Muchas de ellas se convierten también en las que escuchan a otras víctimas. A veces es más fácil contárselo a alguien cuando la oyes decir: a mí también me pasó.

P. ¿Qué trabas enfrentaron para que estos testimonios no fueran desechados?

R. Hay mujeres que han sido violadas desde niñas, que las violó su papá y luego en la guerra el actor armado. O mujeres que, cuando la guerrilla mandaba ahí, las violaban. Luego llegaron los paramilitares y dijeron, usted fue mujer de un guerrillero, entonces más le vale que sea también mi mujer. Lo más fuerte que tuvimos que enfrentar en Colombia es que el relato de las víctimas no fuera cronológico, que no especificara con exactitud los elementos de tiempo, modo y lugar. Hablamos de un conflicto armado de 50 años. Tuvimos que hacer ejercicios de memoria diciéndoles, ¿qué actos cercanos recuerdan? ¿Eran las fiestas del pueblo? ¿Hay algo que haya ocurrido en su familia que nos permita ubicar fechas más o menos cercanas? Eso ha sido fundamental para que se le diera validez a las víctimas y a su dicho.

P. ¿Cuáles son los principales obstáculos legales que tienen para procesar estos casos?

R. El tiempo, sobre todo. Tenemos menos tiempo para las investigaciones. También que los actores armados que hacen parte, que son competencia de la JEP, están en condiciones desiguales. Hay más pruebas y elementos para juzgar a las FARC que para juzgar a la Fuerza Pública. Y eso puede mandar un mensaje muy equivocado: que las FARC fue más violador. Y lo que pasa es que uno tiene más elementos para esconderlo que el otro. Y además hay muchos riesgos en lógica de impunidad, y es que este modelo se termine sin dar razón, por lo menos en justicia, a las víctimas de violencia sexual.